La iniciativa también contempla beneficios para los ex combatientes sobrevivientes que resultaron heridos en el cruento hecho ocurrido durante un gobierno constitucional
Locales 09/07/2022
leonardo fernández acosta
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal y Ricardo Buryaile, presentaron esta semana un proyecto de ley para indemnizar a familiares de los caídos en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército Argentino durante el ataque del grupo Montoneros en 5 de octubre de 1975. También contempla que el beneficio alcance a ex combatientes que resultaron con distintas lesiones durante el cruento ataque.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de una decena de legisladores, busca dar respuesta a un histórico reclamo de familiares de los soldados que murieron en la defensa de la guarnición militar en el ataque guerrillero ocurrido en pleno gobierno democrático de la Presidenta Isabel Martínez de Perón.
De esta manera, los legisladores del radicalismo por Formosa pretenden concretar el beneficio que había sido establecido en un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) dictado por el ex presidente Mauricio Macri al final de su administración en el año 2019 y que nunca fue instrumentado por el actual gobierno.
En la normativa, se establece que tendrán derecho a percibir una indemnización económica las personas que participaron de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 "Coronel Ignacio Warnes", cuyo ataque acaeció el día 5 de octubre de 1975 en la ciudad de Formosa, si a consecuencia del mismo hubieran fallecido o sufrido lesiones gravísimas o graves, según la calificación establecida en el Código Penal de la República Argentina.
En su segundo artículo dispone que los herederos de las personas que hubieren fallecido a consecuencia de los hechos, tendrán derecho a percibir una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, multiplicada por el coeficiente 100.
La indemnización correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubieren sufrido lesiones gravísimas, según la calificación establecida en el Código Penal, será equivalente a la suma prevista en el artículo 2° del presente, reducida en un 30%.
La indemnización correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la calificación establecida en el Código Penal, será equivalente a la suma prevista en el artículo 2° del presente, reducida en un 40%.
El proyecto prevé que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la Autoridad de Aplicación de la ley, quedando facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueren necesarias para su implementación.
En los casos en que se hubiere reconocido indemnización por daños y perjuicios por medio de resolución judicial, los beneficiarios sólo podrán percibir la diferencia entre lo establecido por la presente ley y los importes efectivamente cobrados. La solicitud del beneficio deberá efectuarse bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los 5 (cinco ) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
La indemnización que estipula esta ley estará exenta de gravámenes como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por "Las Malvinas son argentinas" .
También se establece un plazo de 120 días corridos para que la autoridad de aplicación dicte la norma reglamentaria, y el plazo máximo de 18 meses para efectivizar el pago de las indemnizaciones establecidas.
Vencidos dichos plazos, los cuales se contarán desde la publicación de la presente Ley, los beneficiaros podrán presentar directamente la liquidación correspondiente ante la Justicia Federal de Formosa quien, sin más trámite, librara mandamiento de embargo sobre las cuentas del Estado y hará efectivo el pago, el cual será a cuenta de las sumas que en definitiva resulten del trámite administrativo.
Acompañan la iniciativa de Carbajal y Buryaile los diputados Jorge Vara, Manuel Ignacio Aguirre, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Ximena García, Martín Arjol, Lidia Inés Azcárate, Jorge Rizzoti, Pedro Jorge Galimberti y Gustavo Bohuid.
En ese rubro aparecen los que no abrieron la boca en todo el año. Del resto, no necesariamente son aquellos que hablaron poco. Simplemente no tuvieron ningún aplauso, lo cual no representa ningún juicio de valor.
La visita de la delegación formoseña a esa región del país vecino, que estará integrada por unas veinte personas, entre las que se encuentran, además de Carbajal, la diputada provincial Carla Zaiser, los docentes de la UNaF, Blas Hoyos y Alicia Calabroni, el secretario general del Comité Provincial de la UCR, Carlos Lee, Victor Silvera, de Federación Agraria; Doroteo Domínguez, del Movimiento Social Indígena; María José Sánchez, politóloga y magister de negocios; el empresario Osvaldo Pitra; el ingeniero zootecnista David Ramírez; la técnica en Producción Noemí Vergara y los dirigentes de Casa de Ideas Patricia Cappello, Juan Giuliano, Cristina Erico, Anabel Boss, Aarón Asseph, Orlando Ceballos, Carlos Eckhardt y Gustavo Perassi, entre otros.
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S8.500 millones y hasta unos U$S20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza. No solo votaron legisladores formoseños del PJ sino también de la UCR.
La diputada provincial de Nuevo País anunció que será candidata a intendente de la ciudad y que llevará en su boleta la fórmula gubernamental encabezada por el ex juez federal.
Un camión que llegó cerca de medianoche al control de la Dirección General de Rentas de Mansilla, no pudo continuar viaje, porque los inspectores le manifestaron que debían pagar el anticipo por presuntas ventas a pesar de que el producto que traían era propaganda proselitista de Gerardo Morales y Fernando Carbajal.
El interventor, Claudio Samaniego, informó que este lunes 13 un acta complementaria del oportuno convenio con los doctores Pedro Hernán Sánchez y Francisca Oviedo, presidente y secretaria, respectivamente, de la FeMeFor; al igual que Gertrudis María Samudio y Carlos Gabriel Molina, presidenta y secretario de la APS.
Fernando Carbajal, ha empezado a atacar a la prensa (como si fuera funcionario gildista). “La prensa muestra la hilacha”, “periodistas machirulos”, “nuevos empleados de gildo”, “publican Fake News” porque sencillamente no le gusta que lo critiquen. No tolera el disenso. Va a Buenos Aires a todos los medios y le dicen de todo, inclusive le cortan el teléfono. Acá, inclusive hasta habría llegado a decirle a algunos medios, “Si no cambian el título de la nota, no les doy más reportajes”. ¡Ah bueno!
Entre alguna de las afirmaciones del padre, Maximiliano Sotelo, extremeció el conocer que los jóvenes a través de las confesiónes y charlas había algo en común y es que se manifestaban sentimientos de depresión, tristeza y dolor.
Así lo hizo saber el organismo al confirmar que hasta las 23:59 del viernes 26 estuvo disponible el formulario de inscripción web para todos los ciudadanos que aún no se habían inscripto como postulantes.
El ranking de las provincias argentinas con más familiares de gobernantes detectados por Ruido: Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja y San Luis, en el «top 5».La mayoría de las provincias (56%) no tienen normas contra el nepotismo y en las municipalidades capitalinas, esa ausencia alcanza al 80%.Incluso, en algunas provincias con normativas, estas no se cumplen, además 92% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información
El cuerpo presentaba una herida punzante a la altura del pecho.
Además Gabriela Neme insistió en su propuesta de la intervención de la Justicia Provincial de Formosa teniendo en cuenta que otro fragmento del fallo sobre la provincia de San Juan, la Corte Suprema menciona "La influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las ‘condiciones generales de igualdad’".
Agregaron además que: “Se trata de un sistema minuciosamente estructurado a los fines de saquear el Estado. No serían hechos aislados son una trama sistemática de ilicitud, una matríz de corrupción” finalizaron diciendo entre los argumentos.