Un informe de AGN indica que el Estado gastó más de $4.000 millones durante 2020 en carácter de emergencia. Además registraron demoras en la designación de responsables y diferencias entre las órdenes de pago y lo facturado por las firmas.
Nacionales 09/01/2023
leonardo fernández acosta
El Colegio de Auditores de la Nación aprobó un informe, realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, sobre las contrataciones públicas de emergencia de la Dirección de Compras y Contrataciones para atener la pandemia producida por el Covid-19 durante 2020.
El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero. El auditor general Juan Ignacio Forlón reveló que, durante el primer año de la pandemia, “las contrataciones de emergencia ascendieron a $4.581.085.190,04”. Ese gasto incluye equipos de protección personal, insumos médicos y servicios de operación logística.
Entre los hallazgos del informe se verificaron demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones. “Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria el 17 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, las funciones fueron asumidas por el subsecretario de Gestión Administrativa”, detalla el trabajo de los auditores.
Se detectaron expedientes con diferencias entre el monto de la orden de pago y el que figuraba en la factura.
Además, en cuanto a la organización interna del área, el documento reveló que “la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración no determinó los puestos y perfiles ni las misiones ni funciones para el personal actuante en los actos administrativos de compras y contrataciones”.
Sobre los insumos, la AGN notó que en cuatro de los expedientes de compras de emergencias no se verifica que las firmas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Además, el trabajo de los auditores detectó que en 10 de los 374 expedientes de pago analizados se observaron diferencias entre el monto de la orden de pago y lo facturado por las firmas. La respuesta del organismo auditado en relación a este punto fue que se debía a descuentos por penalidades, retenciones impositivas y compensaciones por errores de cálculo.
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