El desprestigio de la policía de Formosa pasa por los comisarios generales, verdaderos punteros uniformados del gobernador Insfrán

Es urgente la necesidad de una purga policial que a la vez implique una purga en las autoridades políticas porque sino será muy dificil volver a ver a un policía como el que siempre ayuda, el que brinda seguridad, el que está para asistir en un parto. Hoy cuando un ciudadano ve a un uniformado siente temor, no seguridad.

Locales Por: leonardo fernández acosta 30 de mayo de 2021

El desprestigio de la policía de Formosa pasa por los comisarios generales Mas que funcionarios policiales son punteros del Ministro de gobierno, Jorge González, quien responde directamente al gobernador Insfrán. Explotan a los subalternos y no vacunaron a todo el personal de la fuerza que ya tiene varios fallecidos por COVID 19

La policía de la provincia de Formosa pasa por un momento de gran desprestigio debido a los abusos, denuncias por violaciones a los derechos humanos, abuso de autoridad, vejaciones, torturas en poco más de un año de transcurso de las restricciones por la pandemia.

Si bien, fue el propio gobierno del presidente, Alberto Fernández, quien reconoció a través de miembros de su gabinete, la existencia de una manifiesta violencia institucional en la provincia de Formosa, no ha hecho absolutamente nada para modificar la situación.

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Desde el propio gobernador, Gildo Insfrán, pasando por el Ministro de Gobierno de Seguridad, Trabajo y Justicia, Jorge González, el jefe de la policía de Formosa, Comisario General, Walter Arroyo y muchos de los Comisarios Generales, los cuales muchos de ellos se desempeñaron también en la dictadura por la edad, fueron denunciados en la justicia por los abusos, excesos, apremios, vejaciones y tantas otras cuestiones pero ni siquiera han sido citados por los jueces sumisos al poder político.

Los mismos que desataron una brutal represión con la detención de más de 100 formoseños, entre ellos menores de edad, con apremios, torturas y vejaciones, son los mismos que continúan llevando adelante los operativos sin que ni siquiera se haya sustanciado un sumario administrativo que debe realizarse paralelamente a la denuncia penal.

El día 25 de mayo cuando el móvil de Radio Parque intentaba ingresar a la plaza San Martín, fue interceptado por la policía y aún con los permisos, armaron un acta por manejar hablando por el celular, cuando en realidad eso fue un invento del personal interviniente pero que derivó en el secuestro del vehículo. A cargo del operativo estaba, el Comisario, Orlando Medina, denunciado por la represión del 5 de marzo y también con el antecedente de otra denuncia en el año 2014 cuando se desempeñaba como  jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas y fue procesado por la entonces jueza federal, Zunilda Niremperger, por sus relaciones estrechas con capos narcotraficantes.

Sobre Medina, Niremperger aseguró que aunque la pesquisa tuvo origen en una denuncia que hizo él, "sin embargo, surgió de las conversaciones que mantuvo con el investigado, que de manera simultánea a la investigación en curso, se habría contactado con este pidiéndole favores y ofreciendo reciprocidad".

El comisario, concluyó la jueza, "habría colaborado con la actividad delictiva de tráfico de estupefacientes a partir de la protección o impunidad que le brindaba a Gallego respecto a las contingencias de la investigación que se encontraba en curso en su contra, lo que benefició a este a través de la protección para continuar con la comercialización de estupefacientes". Este policía sigue en funciones como si nada.

El Comisario General, Juan Moisés Villagra, que ordena la detención de la Dra. Gabriela Neme y que se lo puede observar en los videos en vivo que se transmitieron el día 25 de mayo, también ha sido denunciado ante la justicia por los abusos del viernes negro pero tampoco tiene un sumario interno en curso y sigue encabezando los operativos como si nada pasara y sin haber sido citado una sola vez por las denuncias.

El trato absolutamente autoritario e irrespetuoso de este funcionario, sumado al desconocimiento de que servicios esenciales pueden circular como así también la falta de profesionalidad, el ordenar que se confeccione un acta contravencional, con testigos truchos, sin que la involucrada pudiera leerlo, habla a las claras de la falta de idoneidad de este funcionario como también de lo violento de sus acciones ante la ignorancia respecto de las normas y sus atribuciones, terminaron desencadenando el escándalo del 25 de mayo.

Personas detenidas sin que sus familiares conozcan el paradero, el no permitirle a los abogados la asistencia en comisarías teniendo estos la misma jerarquía de un juez y la ausencia absoluta de un juez competente. A dos días de la detención de Exequiel Cardozo y por insistencia de su abogado, el juez de feria, Marcelo Picabea, recién se enteró que Cardozo estaba preso.

La policía debería funcionar como auxiliar de la justicia pero a la luz de un juez inútil respecto de la privación de la libertad para lo cual existen las suficientes garantías procesales, el juez Picabea termina siendo auxiliar de la policía para darle el viso de legalidad a cualquiera de las causas armadas y con detenidos sin que el se entere.

Por otra parte y a vista de que hay oficiales jóvenes que no han pasado por la dictadura como los comisarios generales, el imitar los abusos bajo la mirada de sus jefes, los llevará tarde o temprano y de manera inexorable ante la justicia porque tarde o temprano deberán hacerse cargo de sus actos.

Pero si miramos para arriba en la estructura, quien es el jefe de la policía es el Comisario General, Walter Arroyo quien fue el jefe del espionaje ilegal y  denunciado en 1996 por el abogado Pedro Velázquez Ibarra, víctima de las escuchas ilegales junto al obispado de Formosa, quién denunció –y aseguró- “quedó comprobado la “tarea política” y de espionaje que realiza la policía de la provincia, en particular desde el departamento Informaciones D2, en donde hicieron la red de escucha telefónica más grande del país”.

También fue denunciado cuando se desempeñaba en el Departamento de Informaciones de la policía, una dependencia que de manera continua viola la ley de inteligencia haciendo espionaje con civiles y sin orden emanada de autoridad competente, por espiar correos electrónicos y a dirigentes opositores.

Esto ocurrió en el año 2015 y Arroyo fue denunciado por espiar correos de periodistas, al dirigente Qom, Félix Díaz, también a referentes sociales como dirigentes del Partido Obrero. A pesar de todo el prontuario en la justicia y la inacción de la misma fue premiado con la jefatura de la policía que detenta hasta hoy.

Hoy quien está al frente del espionaje ilegal del Departamento de Informaciones de la policía de Formosa, es el Comisario General, Jorge Isaac Traianon, un policía que representa la mano derecha del Ministro de Gobierno, Jorge González. Antes de ser el jefe de los espías de Insfrán, era Secretario del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad.

La policía de Formosa atraviesa por el peor momento debido a la cúpula que hoy se dedica a llevar adelante todos los trabajos sucios por encargo del gobierno de la provincia pero claro, no podría ser de otra manera, solo les queda obedecer ciegamente debido a todas las denuncias que penden sobre cada uno de ellos. Salir de la gracia del gobernador, les significaría automáticamente la cárcel.

En Formosa, a poco de llegar a los 40 años de la vuelta a la democracia, la policía de Formosa no siguió el grado institucionalmente de crecimiento social. Hoy la fuerza está compuesta por funcionarios mal adiestrados y peor remunerados por lo que muchas veces su accionar, responderá más a frustraciones personales y circunstancias no bien elaboradas, será represivo y hasta de irracional violencia.

Legislaciones anácrónicas de la dictadura completan una personalidad policial que debe ser modificada al corto plazo, más todas las restricciones de la pandemia, han creado un cono de sombra discrecional en donde la policía sin un criterio razonable apela a las arbitrariedades y los abusos.

Cualquier ciudadano de la provincia de Formosa en general, desconoce la posibilidad de un debido proceso de defensa o asistencia legal cuando llega a una Comisaría y como hemos visto en el caso de Exequiel Cardozo, difícilmente un funcionario policía le advierta de sus derechos. Todo lo contrario, los detenidos son coaccionados y hasta se le burlaron de Cardozo cuando pidió un abogado, "Eso se ve en las películas nomás" le dijeron.

El gobierno de Gildo Insfrán, ha casi anulado al ya casi nulo poder judicial provincial ante la necesidad del abuso de poder policial que a su vez priva  del elemental derecho a la defensa y las demás garantías constitucionales.

Es urgente la necesidad de una purga policial que a la vez implique una purga en las autoridades políticas porque sino será muy dificil volver a ver a un policía como el que siempre ayuda, el que brinda seguridad, el que está para asistir en un parto. Hoy cuando un ciudadano ve a un uniformado siente temor, no seguridad.

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