La policía de Formosa usó testigos falsos o “plantados” para legitimar decenas de procedimientos que hizo durante la cuarentena. Gracias a esas prácticas, dirigentes opositores, periodistas y manifestantes que protestaban contra el gobierno de Gildo Insfrán tienen causas en su contra.

Las medidas de aislamiento en la provincia se extendieron mucho más que en el resto del país. El Gobierno provincial tuvo gente varada por meses al costado de la ruta sin poder entrar a su propia casa, enfermos de COVID-19 trasladados por la fuerza a centros de aislamiento -algunos con infraestructura en condiciones inhumanas- comerciantes con las persianas bajas durante meses y arrestos arbitrarios a manifestantes, dirigentes opositores y a periodistas que hacían la cobertura en el lugar.

Toda esta serie de avasallamientos sobre derechos constitucionales fue posible gracias a un estado que se valió de la policía para armar causas y tener, de esta manera, a la población bajo control.

Lo más grave de esta situación es que, en decenas de esas actuaciones, se utilizaron testigos profesionales. Son personas a las que la policía contacta directamente -las hace pasar como transeúntes ocasionales- y las hace para firmar las actas sin haber presenciado los procedimientos.

Con esta metodología, las fuerzas de seguridad de Formosa podrían -eventualmente- inventar que una determinada persona cometió un delito, escribir el acta en la comisaría sin la presencia del presunto acusado, llamar a estos testigos para firmarla sin ningún tipo de requerimiento extra y así de simple, armarle una causa a alguien.

Formosa y la violación de las garantías penales

Abogados consultados por TN.com.ar afirmaron que la situación que se desprende estas prácticas es gravísima porque viola garantías penales y derechos constitucionales.

“En una situación así se ve afectado el derecho constitucional a un debido proceso: una supergarantía donde se debe garantizar la presunción de inocencia, la interdicción de defensa ante hechos fraudulentos, todos los contenidos que garantizan un proceso judicial imparcial. De ser así, el poder judicial estaría entrando en una anomalía antirepublicana”, señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez TN.com.ar tras conocer la denuncia.

Entre la cantidad de casos que denunció el abogado Gabriel Hernández en los tribunales formoseños se encuentran los de Raúl Ruiz, un remisero de Formosa Capital que figura como testigo en 351 causas penales y el de Guido Kujarchi un empleado estatal -amigo de Ruiz- que figura como testigo en 181 causas.

Si bien esta maniobra se descubre y se denuncia ahora, se encontraron registro de estos nombres en causas que datan de 2014. Por otro lado, durante el aislamiento, la cantidad de delitos que “presenciaron” estos hombres creció exponencialmente.

La maniobra fue tan obscena que hasta el mismo Ruiz la admitió ante la justicia en junio de este año en una declaración testimonial por uno de los tantos hechos donde fue testigo.

Se trató del violento episodio donde Aníbal Gómez, Ministro de Desarrollo Humano de Insfrán, arrastró por varios metros arriba del capot de su camioneta a un comerciante que protestaba frente a la Casa de Gobierno provincial reclamando la reapertura de los comercios. Paradójicamente, más tarde ese mismo día, el mismo ministro terminó denunciando a los manifestantes por daños y lesiones. En ese hecho, uno de los testigos fue justamente Raúl Ruíz.

Cuando la jueza del Juzgado de Instrucción y Correccional N°5, Laura Karina Paz, le preguntó sobre las agresiones que había denunciado Gómez y qué el había certificado con su firma, Ruiz dijo: “No estuve presente en ninguno de los procedimientos. La policía me avisa que vaya a firmar porque la gente que está en la calle no quiere salir de testigo. Me llama, me explican lo que hicieron y les firmo, les pido que me lean antes porque a veces no entiendo sus letras”.