Durante la pandemia se evidenciaron y profundizaron situaciones de desigualdad entre las niñas, niños y adolescentes que acceden a dispositivos electrónicos y conexión a internet y quienes no cuentan con estos recursos. 

Según el Ministerio de Educación Nacional, cerca de un 60% de las niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a internet (con acceso fijo a la red y una buena calidad de señal) que les permita cumplir con las tareas escolares de forma adecuada. En contraste, este porcentaje se reduce al 20% en acceso a computadoras y 35% en acceso internet entre quienes asisten a escuelas de gestión privada. 

Según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ACIJ al Ministerio de Educación Nacional, al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados (27.844 de 633.000), repartidos entre 12 provincias

Los datos muestran que la situación empeora en barrios populares y áreas rurales. En la encuesta realizada a las y los habitantes de los barrios reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sólo el 13,9 % respondió tener netbook o PC en el hogar y el 77% refirió utilizar celulares para las actividades escolares.  Por otro lado, el 98% de los equipos directivos de zonas rurales indicó tener dificultades de conectividad. 

El Estado Nacional reconoció la gravedad de este problema y se comprometió a entregar 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias, priorizando aquellas con mayor cantidad de alumnos y alumnas que tuvieron más dificultades para seguir estudiando. Tal es así, que en el año 2021 el crédito destinado al Plan Federal Juana Manso - Conectar Igualdad alcanza más de 29.344 millones de pesos, lo que implica un aumento del 119% respecto de lo aprobado inicialmente en la ley de presupuesto. 

Sin embargo, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ACIJ al Ministerio de Educación Nacional, al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados (27.844 de 633.000), repartidos entre 12 provincias.

Además, informaron que resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país (faltan 25.902 escuelas, sobre un total de 50.382). También es muy preocupante que sólo se ejecutó el 30,4% del presupuesto del programa y el 22,5% de la actividad de Adquisición de Equipamiento, encargada de la compra de los dispositivos.

Los datos preocupan aún más teniendo en cuenta que el ciclo lectivo está por finalizar y que, como consecuencia de la pandemia, más de 1.800.000 niñas, niños y adolescentes enfrentan serias dificultades para continuar su vínculo con la escuela. 
 

En este contexto, ACIJ, Amnistía Internacional, Conocimiento Abierto, Fundación Kaleidos, Fundación Sur, Infancia en Deuda, La Poderosa, Media Chicas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitamos una reunión al Ministerio de Educación Nacional y a la empresa estatal Educ.ar, para  reclamar por  el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional 26.206, que establece que el Estado es responsable de implementar políticas de promoción de la igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la inclusión y el logro educativo de todas las niñas y los niños.

Asimismo, la norma dispone que deben asignarse recursos presupuestarios para garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre cuyas obligaciones contempla la de brindar los recursos materiales y tecnológicos necesarios para ello. 

Para lograrlo, es indispensable que el Estado ejecute los recursos previstos y cumpla con los compromisos asumidos en relación a brindar equipamiento tecnológico con fines educativos y conexión a internet en las escuelas, barrios populares y áreas rurales, donde existen grandes dificultades en el acceso a estos bienes y servicios. 

Lo que la pandemia hizo evidente, y sigue resultando urgente, es que hay que garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a los recursos tecnológicos necesarios para sostener y fortalecer sus trayectorias escolares. Exigimos por parte del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades para asegurar el ejercicio del derecho básico a una educación de calidad y en condiciones de equidad.