Con el voto afirmativo del Bloque Justicialista anoche se aprobó la adhesión de la Municipalidad de la Ciudad a la Ley Provincial Nº 1709/21 que prorroga la vigencia por dos años más de la Ley de Emergencia Económica y Financiara, que determina la  inembargabilidad de fondos y bienes del Estado, limitando derechos individuales, como los laborales, contractuales y patrimoniales que los ciudadanos particulares pretenden hacer valer contra el Estado. 
 
El Concejal, Gerardo Piñeiro, dijo que: "Se está violando la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "… prevé que la limitación al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, deben ser un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato. En 1995, el Gobernador Gildo Insfrán impuso el famoso IMPUESTO SOLIDARIO, quedándose compulsivamente con parte de los sueldos de los empleados públicos los cuales a 26 años todavía no los devolvió".

En Formosa desde 1995, se encuentran suspendidas las paritarias laborales para los agentes de la Administración pública, desde entonces no se discuten las condiciones mínimas de estabilidad, seguridad, higiene, sueldos y carrera administrativa de los empleados públicos.  

 "Tanta inseguridad jurídica, conlleva a vivir en un estado, donde las divisiones de sus Poderes son aparentes, donde el ejecutivo de hecho ejerce la suma del Poder Público, y donde la autonomía del Municipio es avasallada.  Mientras estemos ante esta situación ilegitima, aun con aparente estado de legalidad por la cual se vulneran derechos de los particulares ante el poder del Estado, es imposible poder tener un plan de desarrollo económico y social sustentable en la ciudad de Formosa. Finalizó Piñeiro al argumentar su rechazo al proyecto de adhesión". 

    

Organismos Autárquicos Descentralizados se encuentran intervenidos bajo el pretexto de su normalización y saneamiento económico financiero, como lo son el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Caja de Previsión Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), El Instituto Provincial del Seguro, el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), y la obra Social de los Empleados Públicos IASEP, hoy por cierto vaciada, quebrada, y con prestaciones suspendidas.

Todos estos organismos lejos de ser debidamente normalizados y saneados para que vuelvan al ámbito de la administración de sus asociados, se convirtieron en cajas recaudadoras para la política, administradas por interventores designados por el mandatario provincial, sin que sus asociados puedan recuperarlas bajo su órbita de administración.  Y todo eso pasa, porque existe la ley de emergencia económica y financiara provincial y sus adhesiones municipales.

Dicha ley de emergencia económica y financiera, que ya a batido todos los récord de los libros Ginés en cuanto a su tiempo de aplicación, lleva consigo la situación de inseguridad jurídica desprotegiendo a los particulares que invierten o deseen invertir en Formosa, con lo cual cada vez más se dificulta la posibilidad de fomentar la actividad privada como fuentes generadores de empleos, que nos permita como sociedad ver una salida a la crisis laboral por la que la mitad de los formoseños están atravesando" reflexionó el edil Piñeiro. 
   

"A 26 años, no tuvieron quienes administraron los destinos de la Provincial Gobernador Gildo Insfrán, ni de la Municipalidad una idea rectora, un plan de gobierno que nos saque de la crisis económica más larga conocida, y va para todas las administraciones de la comuna: “desde 1995 al 1999 el intendente fue Cristino Caballero (PJ); 1999 al 2003 Gabriel Hernández (UCR); 2003 al 2015 De Vido (PJ); 2015 a la fecha el Ing. Jorge Jofre (PJ), 22 años de administración Justicialista y 4 años de administración Radical y ninguno pudo dar respuesta a los formoseños de cómo hacer para salir de la situación de emergencia económica?" agregó.
   

Dijo además que: "Desde el comienzo de mi gestión como Concejal esta es la segunda vez que me toca estar en esta situación y debo decir con la decepción que me pesa el no poder estar en estos momentos discutiendo un plan que permita desarrollar un mejor sistema de los servicios públicos, como el transporte urbano de pasajeros, la recolección de residuos, la realización de obras de infraestructura urbana básica como agua potable, cloacas, pavimentado de calles, saneamiento dominial de los barrios de la ciudad, que por ciento, todavía a mas de 30 años siguen estando bajo la órbita del IPV, por no haberle entregado la obra a la municipalidad como lo es el caso del Barrio Guadalupe, un verdadero despropósito". 
   

Finalmente aseguró que: "Tanta inseguridad jurídica, conlleva a vivir en un estado, donde las divisiones de sus Poderes son aparentes, donde el ejecutivo de hecho ejerce la suma del Poder Público, y donde la autonomía del Municipio es avasallada.  Mientras estemos ante esta situación ilegitima, aun con aparente estado de legalidad por la cual se vulneran derechos de los particulares ante el poder del Estado, es imposible poder tener un plan de desarrollo económico y social sustentable en la ciudad de Formosa. Finalizó Piñeiro al argumentar su rechazo al proyecto de adhesión".