Con la vuelta a la "normalidad", González le ordena a los jueces que condenen a todos y todas violando la Constitución

Locales 14 de febrero de 2022 Por leonardo fernández acosta
Cerca de 20 personas por comisaría y 1000 en todas las dependencias son detenidas o condenadas por día sin el debido derecho a defensa y solo tomando como válido el abuso policial.
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"Lo peor de todo es que dictan sentencia, sin que las personas sepan y esas condenas quedan firmes con la sola notificación de una cédula. No te citan personalmente para decirte, "Señor usted está condenado, tiene derecho a apelar esta condena" sino que simplemente envían la cédula y la reciban o no, es la que vale para que esta sentencia esté firme".

Cerca de 12 mil causas se tramitan, en mayor parte por infracciones al Código de Faltas, modificado para adaptarlo a la conveniencia del gobiernoa y poner mano dura. Sucedió lo que se esperaba y algunas prescribieron pero la mayoría esta generando condenas sin respetar los debidos procesos, inclusive con condenados en ausencia.

Al respecto, el Doctor, Juan Montoya, explicó que: "Se están dando un sinfin de procesos, nosotros tenemos un conocimiento de 12 mil procesos, dividos entre los diferentes juzgados de paz de menor cuantía que son los que aplican el código contravecional de falta de la provincia de Formosa en donde tenemos situaciones de condenas a a personas que cometieron infracciones al código de faltas, sobre todo de estas modificaciones que hizo la Legislatura en plena pandemia en el año 2020, el famoso "DNU".

Agregó que: "Hay condenas sin que las personas que eventualmente cometieron esos delitos, en primer lugar, tengan conocimiento que tengan un proceso penal en trámite sin que hayan declarado en sede judicial y sin que se haga un juicio justo en respeto de todas las garantías constitucionales. Que puedan declarar con la asesoría letrada de un abogado, que sepan que tienen que declarar, que haya un fiscal que acuse. Que haya un contradictorio donde la persona pueda defenderse y haya un juez imparcial que dicte una sentencia y sin que fehacientemente se pueda notificar de esa sentencia".

Lo que aclaran es que hay una decisión de política criminal de que se dicten condenas y que esto no quede sin resolverse, aún cuando no se pudo garantizar el ejercicio de una defensa en juicio, el debido proceso y todas estas garantías. Como las penas van a prescribir, creo que hay una orden del Ministro de Justicia, Jorge González y el Procurador General, que debería estar en contacto permanente con él que dice que se condene sin más.

El abogado aclaró que la gente que no fue a declarar enfrente del juez, "Tomaron como declaración indagatoria la declaración que eventualmente los infractores dieron en Comisaría. Dictan un decreto diciendo que esa declaración en comisaría valdría como declaración indagatoria y en ese mismo decreto dicen que no se viola la garantía de defensa en juicioa que garantiza la Constitución Nacionala en franca violación al plexo de normas, entre ellas la manda constitucional. Lo peor de todo es que dictan sentencia, sin que las personas sepan y esas condenas quedan firmes con la sola notificación de una cédula. No te citan personalmente para decirte, "Señor usted está condenado, tiene derecho a apelar esta condena" sino que simplemente envían la cédula y la reciban o no, es la que vale para que esta sentencia esté firme".

Montoya aseguró que se viola la garantia de la doble instancia, que es la que tiene todo ciudadano a apelar una sentencia y que otro juez revise si se cumplen los requisitos formales y legales que preven los códigos de todo el mundo, la constitución y el plexo convencional. "Acá se viola la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convencion Americana de Derechos Humanos. Se condena a una persona en ausencia sin que pueda defenderse" expresó.

Desde los juzgados, de manera extraoficial afirman que; "Nosotros podemos incurrir en un error que es que nos prescriban las causas" y esto sucede porque todas estas condenas que se están dando son de un año atrás y antes de prescriban se dictan estas condenas" dijo el letrado y refirió que: "Lo que aclaran es que hay una decisión de política criminal de que se dicten condenas y que esto no quede sin resolverse, aún cuando no se pudo garantizar el ejercicio de una defensa en juicio, el debido proceso y todas estas garantías. Como las penas van a prescribir, creo que hay una orden del Ministro de Justicia, Jorge González y el Procurador General, que debería estar en contacto permanente con él que dice que se condene sin más".

Reflexionó que, "Todo el sistema judicial y penal te dice en "Off" que esto está mal porque esto implica que haya 20 detenidos por día por Comisaría, lo que da un promedio de 1.000 personas detenidas por día que cumplen penas de, tres, cinco, quince, veinte y treinta días de prisión por infracciones como tener el barbijo mal puesto".

Por otra parte explicó que: "Se viola el principio de igualdad porque estas condenas preven una condena en ius que se traducen en pesos, si a vos te condenan al pago de 6 ius que es el equivalente a tres días de arresto por esto las condenas varía entre 11 mil, 20 mil y hasta 60 mil pesos o prisión de 15, 20 y hasta 30 días".

Aclaró además que tenemos un código de faltas que data del año 1979 y que nunca ha tenido una modificación sustanciala sino aleatorias en función del tiempo y de la conveniencia de la autoridad de aplicación. "Se lo hizo para perseguir a ciudadanos. ¿Que pasó? se persiguió a trabajadores que querían llevar el pan a la casa" refirió.

Opinó que estas infracciones que se daban en un momento de pandemia, en la actualidad ya no tienen objeto. No tiene objeto que a uno lo condenen en el 2022 que fueron hace un año atrás y que en ese momento tenía un objeto que era disuadir a la gente que no salga a la calle, que no cometa infraccionesa. Hoy el objeto ya terminó.

"Otra cuestión grave es que eastas normas son además insconstitucionales porque son normas penales en blanco y esto está prohibido por todo el ordenamiento jurídico. No se saben que conducta van a penar porque la norma no lo especifica, en este caso "cometerá delito la persona que realice la acción que prohiba la autoridad sanitaria". Hay una incertidumbre y una norma penal en blanco" aseguró.

Estimó que: "Se debería poner un final y no seguir condenando gente a prisión porque no pueden pagar multas por una situación que se dió hace un año atrás. Lamentablemente de todo lo que trajo la pandemia el gobierno no ha aprendido nada, de la violencia del 5 de marzo, de las protestas en la calle, el gobierno no ha tomado nota. Además pasó lo que muchos decían que iba a pasar, que se iban a flexibilizar las cosas medianamente para el proceso electoral y después de que el gobierno vuelva a ganar, vuelva la mano dura".

Dijo que el proceder policial nunca se adaptó a las mandas constitucionales y en particular se ha excedido en todas sus facultades en todas las causas que se han realizado por infracciones en la pandemia, con los comerciantes, con ciudadanos comunes. "La policía tuvo un cheque en blanco para hacer lo que quiera, aplicó la mano dura y el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias para decir que se cometieron excesos policiales, violación de Derechos Humanos, a la Constitución Nacional y pactos internacionales".

Finalmente dijo que: "Nosotros pensamos que esto iba a terminar cuando todas las personas estuvieran vacunadas, cuando estabamos volviendo a una "normalidad", lejos de que se haya terminado esta persecución ahora tenemos estas cuestiones de las condenas sin un juicio previo, con un juicio en ausencia, sin defensa y violación a todas las garantías por una decisión de politica criminal".

leonardo fernández acosta

Licenciado en Comunicación Social UNLP

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