El Comisario General, Walter Arroyo, denunciado en numerosas oportunidades por espionaje a políticos opositores, referentes sociales y a quienes se manifestaron en pandemia recibió del gobierno nacional, equipos de investigación contra el delito informático.

 De manera paradójica, la provincia de Formosa que no se adhiere a leyes como el acceso a la información si se adhiere a Programas como el de Fortalecimiento de Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (FORCIC).

Con la participación del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, también investigado en varias denuncias por espionaje y violar la ley de inteligencia, el director del Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Pedro Janices, hizo entrega de equipamientos para combatir el ciberdelito.

De manera previa, hubo una capacitación a efectivos policiales de la provincia de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe adquiriendo nuevos conocimientos, estrategias de investigación y maneras de abordar la temática.

El Ministro González, quien cobró relevancia mediática por las restricciones y los abusos en pandemia, también fue celebre por tener un seguimiento de las publicaciones en las redes sociales que denunciaban los excesos policiales en pandemia, ratificados por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, reconociendo la violencia institucional en Formosa.

González, aseguró que “en Formosa hace un tiempo venimos formando al personal, desarrollando distintos cursos de formación en la temática, y ya estamos a las puertas de ir fortaleciendo una unidad especial de cibercrimen”.

Sin lugar a dudas, la tecnología aplicada al combate del cibercrimen tiene ribetes muy distintos de los que se les han dado desde la persecución a empleados públicos o policías retirados que criticaban al gobierno en publicaciones realizadas en las redes.

Pero en un contexto, en donde el propio presidente, Alberto Fernández, ha manifestado abiertamente su intención de limitar las redes sociales, este tipo de equipamientos y capacitaciones respecto de combatir el cibercrimen, también deja abierta la puerta a la obsesión del gobierno de controlar a la prensa, filtrar o hasta censurar la libertad de expresión, como en países con gobiernos totalitarios.

Como fuere, las herramientas tecnológicas en una cultura digital no son ni malas ni buenas, sino que deberían funcionar para darle una mejor calidad de vida a la gente, más aún si se trata de recursos públicos pagados por los contribuyentes. El problema no es el avance de la tecnología, sino el uso que se le dé.

En la ciudad de Formosa, el sistema de monitoreo de cámaras ciudadanas de vigilancia funciona de manera oscura y no hay transparencia respecto si se usa para vigilar a quienes violentan la ley o para vigilar todo aquello que configure alguien critico al gobierno. Recursos públicos millonarios manejados por las mismas personas, con causas en la justicia por espiar, que ahora dispondrán de tecnología de vigilancia de redes sociales.