Finalmente la municipalidad decidió apelar a una clausula del contrato de concesión del servicio para ingresar al predio de la empresa sin que hasta ahora se conozca que pliego de esta naturaleza autoriza las patotas, piedras o tiros.
Locales 22/04/2024
leonardo fernández acosta
Los choferes nucleados en UTA, decidieron no aceptar el ofrecimiento de la municipalidad de Formosa para reactivar el servicio con sueldos de 250 mil pesos y no permitir que utilicen las unidades de la empresa para reactivar el servicio de transporte público hasta que no se solucione el pago adeudado con Crucero del Sur.
En versiones encontradas, la municipalidad dijo que no envió “patotas” y que en su función de subsecretario de Gobierno Municipal y designado como Auditor de parte del municipio dentro de la empresa Crucero del Sur, Fabián Cáceres se presentó en el corralón, donde hace más de un mes los trabajadores están acampando y vigilando que no se lleven las unidades, y junto a un escribano público, para hacer un relevamiento de las unidades, del estado de las mismas y sobre todo, ver con quiénes cuenta para salir a retomar el servicio.
No le habrían permitido la entrada ni a él, ni al director de Transporte, recientemente nombrado, Fabián Olivera por lo que a través de las imágenes se pudo observar claramente el intercambio de golpes, piedras y la zona liberada por la policía de la provincia de Formosa.
Por otra parte, los choferes nucleados en UCRA si aceptaron la propuesta del municipio que solo se hará cargo temporalmente del servicio, hasta tanto aparezca una nueva empresa.
La versión de los choferes de UTA habla de un ataque de municipales por la parte de atrás de la empresa con piedras y al menos dos disparos de arma de fuego, además de otras patotas listas en la cercanía del puente sobre la avenida Yacomi preparadas para un segundo ataque. Por la tarde, las negociaciones habrían pasado a retomar la cordura y en este momento es el abogado de UTA y el cuerpo legal de la municipalidad quienes negocian para evitar la escalada de violencia.
Al momento, más allá de la tensión ha regresado la calma y la empresa sigue bajo control de los choferes de UTA que han endurecido su postura después de los enfrentamientos.
La situación, lejos de constituir la solución dentro de un estado de derecho deja expuesta la política de la patota donde quien se ha apropiado de la empresa, siempre gozó de impunidad mientras estaba en estado de gracia con el gobierno municipal pero enfrentado con el provincial.
Ahora, en una interna disimulada pero latente, el gobierno provincial abandonó al municipal, que no pudo resolver un problema que en realidad no tenía solución por la eliminación de los subsidios nacionales al transporte. El gobierno provincial abandonó al municipal pero no abandonó las internas fomentando el enfrentamiento de la parte disidente.
Los golpes, las piedras y hasta los tiros, solo son la consecuencia del eterno “Lobby” del municipio y el gobierno de la provincia sosteniendo a empresarios que mientras ganaron millones con los subsidios, mantuvieron un pésimo servicio de transporte. Cuando las ganancias exponenciales se terminaron, se terminó el atractivo para continuar la inversión. Todo lo demás es conocido.
El intendente, Jorge Jofré, no quiso resolver el problema durante años de su gestión e inclusive hoy proponen un gerenciamiento del auditor y a su vez subsecretario de transporte del municipio, Fabián Cáceres, quien jamás informó del algún resultado en esa auditoría interminable y sin conclusiones públicas.
Hubo innumerables pedidos de informe acerca del gerenciamiento de Crucero del Sur por parte de los concejales de la ciudad pero jamás se conoció alguno.
Es obvio que la empresa es responsable por la deuda salarial con los choferes pero también hay responsabilidad del gobierno de la provincia por el manejo de los subsidios, co administrado con el municipio, sin tomar las acciones legales contempladas en el pliego de licitación. Ambos hicieron la vista gorda en un proceso de deterioro que terminó destruyendo el servicio de transporte público dejando a 50 mil usuarios sin poder movilizarse de barrio a barrio, en principio por paros repentinos y salvajes para terminar con la caída total del servicio y el triste espectáculo de la ley de la selva y las patotas.
La responsabilidad está clarísima en esta crónica de un final anunciado pero la frutilla del postre, es la desaparición de las instituciones de la república, la zona liberada por la policía de la provincia y la venia a intentar matarse entre formoseños, defendiendo la inoperancia de absolutos incapaces y millonarios para administrar el estado sometidos a vaivenes políticos.
No solo destruyeron un servicio público sino que además demostraron que no existe la república cuando la violencia es el camino. Los fiscales se hacen los distraídos y no hay ley, solo palos, brutalidad y ausencia total de garantías.
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