El presidente de la UCR, Dr. Martín Hernández y el apoderado, Dr. Gabriel Hernández realizaron una presentación para participar como querellantes en la causa. La jueza federal, María Belen López Macé, no movió un papel.
Locales 27/12/2021
leonardo fernández acosta
El Dr. Martín Hernández, presidente de la UCR y el apoderado del partido, Dr. Gabriel Hernández realizaron una presentación en el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, para ser incluidos como querellantes en la causa por el pago de 7,6 millones de pesos a la firma The Old Fund, un desprendimiento de la causa Ciccone por la cual el ex vicepresidente, Amado Boudou, terminara preso y condenado.
imputados a Gildo Insfrán, Inés Lotto de Vechietti, Jorge Ubaldo Melchor, Martín Cortés, Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Paul Vanderbroele, titular de la empresa, que cobró más de siete millones de pesos –equivalentes en esa época a dos millones de dólares- por un supuesto servicio de asesoramiento que se evidenció fraudulento. El pago salió de las arcas estatales formoseñas a través del Fondo Fiduciario Provincial (FON.FI.PRO) y The Old Fund cobró un servicio de consultoría –que en realidad nunca se prestó- por asesorar al gobierno de la Provincia de Formosa para la reestructuración de su deuda con el Estado nacional.
La Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso que debía intervenir la Justicia Federal con competencia en la ciudad de Formosa y el Juzgado N°2 a cargo de la Dra. María Belen López Macé, no ha hecho absolutamente nada en más de un año de derivada la causa
La responsabilidad del Gobernador de Formosa está plenamente acreditada por la firma del Decreto N° 477 del 24 de junio de 2010, donde Gildo Insfrán ratificó todo lo hecho tanto por el FON.FI.PRO como por la Ministra de Economía, Hacienda y Finanzas Beatriz Lotto de Vechietti. Así fue que un mes después de haberse consumado el fraude, con el pago de los 7,6 millones de pesos a la consultora The Old Fund, a
través de ese decreto el propio Gobernador de la Provincia se adjudicó la responsabilidad política por el manejo de la negociación y el consecuente pago por asesoramiento a la firma de Alejandro Paul Vanderbroele.
La Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso que debía intervenir la Justicia Federal con competencia en la ciudad de Formosa y el Juzgado N°2 a cargo de la Dra. María Belen López Macé, no ha hecho absolutamente nada en más de un año de derivada la causa.
Por esta razón la UCR solicitó ser tenida como parte querellante para impulsar el proceso, y en ese carácter y además que se cite a declarar a Alejandro Paul Vanderbroele y al Gobernador Gildo Insfrán, y que se produzcan en forma urgente las demás medidas probatorias tendientes a continuar la investigación tal como lo ordenó la Cámara Criminal y Correccional Federal. Esto resulta impostergable, habida cuenta del tiempo transcurrido y la falta de un desarrollo procesal en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios involucrados, y con mayor razón existiendo en el presente caso, un "arrepentido" que describió en detalle la dinámica de la operación criminal y confesó su participación en los delitos denunciados.
Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
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El concejal Evans expresó “Mientras el auditor Fabián Caceres siga obstruyendo y ocultando el acceso al resultado de la auditoria no podremos tomar decisiones serias respecto a la posible rescisión o no de un servicio público esencial".
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