La Legislatura tratará este martes, la emergencia económica, la Ley de Tierras Fiscales, la desregulación de empresas del estado y convertirá en Administración Tributaria la Dirección General de Rentas de la provincia.
Locales 25/12/2023
leonardo fernández acosta
Este martes a las 10 horas, el presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Solís, convocó a los diputados provinciales por encargo del gobernador, Gildo Insfrán, para tratar y aprobar cuatro proyectos de Ley.
El primer expediente, el N° 145, trata de la prórroga de la emergencia económica , una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit de más de 20 años sin embargo el gobernador Insfrán utiliza la emergencia económica para tener superpoderes. Ante la situación catastrófica que ha dejado el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández podría estar justificada pero en realidad se usa para blindar al gobierno provincial ante el reclamo judicial de sus acreedores o terceros afectados.
Son miles los juicios que le han ganado al estado y que tienen carácter alimentario pero entran en un callejón sin salida ya que por esta ley el estado no paga, lo mismo pasa con los proveedores. Los amigos están todos al día y aquellos menos simpáticos llevan meses y hasta más de un año de atraso en los pagos.
Tratarán también el expediente 146 que modifica el art. 26 de la Ley 113 del régimen de Colonización y Tierras Fiscales, el cual busca autorizar que personas jurídicas o de existencia ideal puedan adquirir terrenos fiscales para la producción de energías renovables.
En principio la iniciativa parecería bien intencionada pero tiene como contracara la desigualdad y la discriminación ya que hay miles de productores que pelean por sus títulos y lejos de regularizarles la situación terminan siendo perseguidos.
La normativa, más que beneficiar futuros emprendimientos productivos, serviría además para favorecer a empresarios amigos, entregándoles los títulos de propiedad, antes de que en la provincia se realice una auditoría nacional respecto del tema.
En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios donde el gobierno tenga participación no tengan control de las contrataciones. Esto aniquila la transparencia, la economía, la eficiencia del gasto público entre otras cuestiones que se suprimirán buscando la contratación directa sin ningún tipo de control con la excusa de darle agilidad o mejor dinámica de las empresas, en síntesis poder contratar como quieran sin transparencia o publicidad de los actos.
El último expediente, de número 148, modificarán la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa con cuatro directores. Van a ampliar la cantidad de personal con un claro objetivo persecutorio y recaudatorio en un momento donde los comerciantes y empresarios caen en las ventas, estacionales como diarias.
La Administración aparece, ampliando el gasto público provincial, en un momento en donde todas las provincias están achicando el estado. Entre muchas atribuciones desproporcionadas, tendrá facultades para decidir una clausura como medida inmediata y va a pasar lo que pasó en la pandemia con el gobierno persiguiendo a los comerciantes opositores.
Insfrán apura a sus obedientes diputados para recaudar más, contratar de manera directa sin controles, darle títulos a sus empresarios amigos y volver a blindarse contra sus deudas, como desde hace 20 años.
Consuelo para el Presidente: pese a esta nueva caída generalizada, sigue siendo uno de los políticos con mejor imagen en el país. ¿Ejemplo? Mantiene más apoyos que rechazos en 18 de las 24 provincias
Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios” dijo Villarroel, defendiendo como en todas las anteriores oportunidades a REFSA.
A partir de la falta de controles en Paraguay, las organizaciones criminales aprovechan para trasladar la cocaína que luego es llevada por ruta hasta los puertos de allí. El último paso es el envío en barco a Europa y otros mercados.
El lugar queda en El Perdido, cerca del Barrio Nanqom en el inicio de la ruta 81.
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