Los magistrados Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucin, Marcos Bruno Quinteros, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, hicieron lugar al recurso y declararon la nulidad de la Resolución N° 325/22, a la cual se trató de “engendro administrativo”.
Locales 14/02/2023
leonardo fernández acosta
Una empresa apeló ante la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia una resolución de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario que dispuso una multa de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000) por infracción a los artículos 10 bis, 17, 19 y 40 bis de la Ley N° 24.240.
La Subsecretaría también aplicó la figura del Daño Directo, imponiendo el pago -por parte de la empresa- de pesos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve ($ 84.999) en favor de la denunciante.
Así se dio inicio al expediente “Merco Comunicaciones S.A. s/ Apelación (Ley Provincial N° 1480)”, donde la firma planteó la nulidad de las pericias practicadas por realizarse sin su presencia y sin permitirle un derecho de defensa, y negando que el decodificador pudiera ocasionar el desperfecto denunciado por el voltaje que maneja, agregando que el daño se produjo por una sobrecarga de tensión, pero que el decodificador no era la causa o concausa, ya que la elevación del voltaje de la red domiciliaria de energía eléctrica era la responsable, debiendo reclamar a REFSA o a la falta de protección adecuada en las instalaciones del hogar ante posibles sobrecargas de energía eléctrica.
Por su parte la subsecretaría consideró que tras la denuncia de la consumidora en virtud de la cual la misma manifestó que se le quemaron dos televisores en su domicilio por una sobretensión a través de la entrada del cable señal, habiendo reclamado también en REFSA quienes mandaron técnicos a verificar que concluyeron que la falla estuvo en el decodificador, y los de MEGACABLE que tras cambiar la entrada del cable el aparato funcionó solo unos días y volvió a apagarse. A todo ello se sumaba un reclamo ante el EROSP (Ente Regulador de Servicios Públicos) que procedió a realizar una pericia que concluyó e que el daño se produjo por la sobretensión ocasionada por un decodificador de tv cable que también fue dañado, descartando que la falla del equipo fuera por un mal servicio técnico o producto técnico de la distribuidora.
Anteriormente habían celebrado una audiencia conciliatoria que fracaso y donde la firma manifestó que la falla fue por una carga de energía eléctrica ocasionada por la red, y por trabajar el decodificador con una tensión nominal de 5 voltios resultaba imposible que se produzca una recarga.
Los magistrados Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucin, Marcos Bruno Quinteros, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, hicieron lugar al recurso y declararon la nulidad de la Resolución N° 325/22, a la cual se trató de “engendro administrativo”.
Los magistrados Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucin, Marcos Bruno Quinteros, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, hicieron lugar al recurso y declararon la nulidad de la Resolución N° 325/22, a la cual se trató de “engendro administrativo”, ya que en el expediente ante la subsecretaría pese al descargo de la empresa y la falta de respuesta de la denunciante al traslado corrido, insólitamente se declaró clausurado el sumario por pedio del defensor del pueblo que ni siquiera era parte en el expediente, y seguidamente se incorporó un dictamen del “organismo asesor” de la subsecretaría que afirmó que si se garantizó el derecho de defensa a la compañía y que esta no había rebatido los argumentos de la imputación por lo cual se acreditaban las infracciones, afirmación que se calificó como “temeraria”.
Seguidamente se dictó la resolución que condenaba a la firma sin siquiera hacer mención al descargo y las pruebas aportadas por la empresa.
El tribunal entendió que en las actuaciones sumariales se había violado “groseramente” el derecho de defensa de la empresa denunciada.
Por todo ello, el tribunal entendió que en las actuaciones sumariales se había violado “groseramente” el derecho de defensa de la empresa denunciada, toda vez que se le dio validez a una pericia de la cual la firma no formó parte, se dejó de lado la prueba aportada por esta, y se clausuró el sumario a sola petición del defensor del pueblo que alegó representar a la denunciante, pero ni siquiera aportó documentación de ello, impidiéndose que las pruebas ofrecidas puedan ser producidas, cuando una pericia técnica era necesaria para el caso.
“El desprecio a la garantía de defensa en juicio de la empresa denunciada, resulta notorio”...la Subsecretaría también ignoró “olímpicamente” otros datos importantes...
“El desprecio a la garantía de defensa en juicio de la empresa denunciada, resulta notorio” agregaron, y destacaron que la Subsecretaría también ignoró “olímpicamente” otros datos importantes, como por ejemplo que la denunciante no cumplía con la reglamentación eléctrica en su inmueble faltando varios elementos necesarios, lo que surgía de un informe acompañado por la propia denunciante.
“La desidia administrativa fue la constante en estas actuaciones” y “las conclusiones del órgano administrativo para tener por configuradas las infracciones a la Ley N° 24.240 que menciona, carecen de seriedad”
“ La desidia administrativa fue la constante en estas actuaciones” y “las conclusiones del órgano administrativo para tener por configuradas las infracciones a la Ley N° 24.240 que menciona, carecen de seriedad por no estar vinculadas a las constancias de la causa, sin perjuicio de la nulidad absoluta del procedimiento que se impone por la flagrante violación al artículo 9 de la Ley N° 1480” concluyeron.
FUENTE: DIARIO JUDICIAL
El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. “Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%".
El joven lleva seis días desaparecido y tanto la policía de la provincia como Prefectura Naval Argentina ni siquiera se han acercado para aportar en la búsqueda de una persona, ante la desesperación de los familiares. De la misma manera, no hay funcionarios del gobierno de la provincia o siquiera la intendencia que colabore de algún modo.
Con la transferencia de la Educación a las provincias, en 1994, los distritos absorbieron la competencia sobre los comedores escolares, pero con la crisis de 2002, el Estado empezó a auxiliar a los distritos y hasta un porcentaje de la coparticipación debe tener ese destino.
Así lo indicó la Fundación Libertad y Progreso en un informe especial, que advierte por el creciente endeudamiento de las jurisdicciones. En el caso de Formosa, la deuda se reparte entre bonos provinciales, acreedores internacionales y la Nación.
Así lo indicó la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Las provincias que forman parte del Gran Chaco como Misiones, Chaco y Formosa superan el promedio nacional seguidas por Santa Fe y Entre Ríos que tienen un 5,4% sigue Corrientes con 5,3%, al igual que Santiago del Estero; luego Salta con 5% y La Rioja con 4,9%.
Desde hoy, Formosa tendrá disponible Uber Teens, una solución para que padres y madres inviten a adolescentes a cargo, de entre 13 y 17 años de edad, a crear una cuenta en la app de Uber que les permitirá solicitar sus propios viajes.
La formoseña, quien había estado internada en terapia intensiva en el hospital San Bernardo desde el día del fatídico suceso, finalmente falleció este viernes a las 5 de la mañana debido a un paro cardíaco.
Sobre el bochazo en el ingreso a la carrera de medicina de la UPLB, salieron nuevos enviados del gobierno a explicar el bajo nivel de aprobación pero también a sostener que la carrera ha sido acreditada por la CONEAU, cuando en realidad solo está realizado el trámite para dicho fin.
La resolución que dispuso la única entrega de recursos del Gobierno a una casa de estudios nacional está fechada apenas tres días después de la movilización multitudinaria del 23 de abril y lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero tiene la marca en el orillo de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias.
Después de una bajada de línea de Cristina Fernández de Kirchner y a instancias de Máximo Kirchner, en el encuentro del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se fijaron elecciones y fue por unanimidad.
Héctor Adrián Brizuela utiliza recursos del PAMI y promociona a concejales del gildismo como, Nelsón Daniel "Pinino" Valiente de la localidad de Villa General Güemes y cantante de la "Cumbia Loca". El tiular del organismo se habría peleado irreconciliablemente con el diputado nacional, Gerardo González.
Las pesquisas, orientadas por Fiscalía Federal N° 1, permitieron constatar los roles específicos que cumplían cada miembro y el despliegue criminal, el cual consistía en que los conductores (encargados de trasladar los vehículos) al momento de pasar por las distintas urbes del país intercambiaban las patentes para evitar ser identificados.
La imagen del mapa de volvió viral en la red social “X” y hubo usuarios indignados pero también algunos que aprovecharon para bromear sobre los errores.
